Bienvenidos a una nueva entrega de “Lo que me saca de mis casillas”. Para este nuevo capítulo me veo obligado a dejar la línea habitual, tanto en la forma como en el fondo. He estado a punto de escribir sobre nuestra querida y a la vez odiada Microsoft por motivos de sobra conocidos por todos. Sin embargo, la actualidad manda y necesito expresar aquí mi punto de vista sobre la última ocurrencia de la ministra de cultura, doña Ángeles González-Sinde Reig. El bonito regalo que nos ha intentado colar me ha sacado de mis casillas.
Supongo que la mayoría de vosotros estáis al tanto sobre el proyecto de Ley de economía sostenible. Un nombre rimbombante para una serie de medidas que reactivarían la economía, aunque, como de costumbre, de formas vagas y genéricas. La bomba ha estallado con el apartado relativo a la “industria cultural” (un sector que jamás ha tenido peso específico en este país, pero no vamos a meternos en disquisiciones filosóficas). En resumen, que el Ministerio de Cultura va a crear una “comisión de expertos” cuya labor va a ser la de vigilar la red y bloquear las webs que faciliten contenidos protegidos por derechos de autor, tanto en descarga directa como en enlaces P2P, o incluso las que ofrezcan enlaces a estas páginas, de forma inmediata y sin que sea necesaria la intervención de un juez. Vamos, una especie de organismo censor en toda regla, porque, aplicando el texto de la ley al pie de la letra, podrían bloquear Google con total tranquilidad.
El efecto en la red ha sido inmediato: un manifiesto suscrito por miles de internautas en contra de dicha ley y un frente abierto contra el gobierno por parte de un colectivo que le ha servido de apoyo en multitud de ocasiones. No deja de ser curioso que esto ocurra justo después del triste espectáculo que supuso la “manifestación” de artistas en defensa de la industria musical.
Un pequeño inciso: mi propósito no es, en ningún caso, una defensa de la piratería ni mucho menos. Conozco el sector, trabajo en el audiovisual (aunque nadie piratea mi trabajo, no hay gente tan enferma) y soy consciente del grave problema que supone la piratería. Pero esto ya es demasiado. Si ya hace tiempo la SGAE se erigió en justiciera y valedora de los derechos de sus pobres afiliados, saltándose a la torera el principio constitucional de la presunción de inocencia e imponiendo un impuesto revolucionario en forma de canon sobre los soportes y aparatos de grabación de datos, este último movimiento es de traca. A lo mejor es que ya no vamos a tener que pagar el canon porque no va a haber nada que grabar.
La verdad, más que enfadado estoy perplejo. No me creo que estemos escuchando estas cosas por parte de los que, se supone, deben velar por el bienestar y la libertad de todos. Para empezar no entiendo a esa señora, ni por qué está ahí ni cómo piensa actuar ante un problema, el de la piratería, que requiere la intervención de las autoridades, pero con cierto criterio. Y yo que pensaba que Esperanza Aguirre era lo más bajo que se podía caer en ese ministerio, mira que curioso. Ser el autor de guiones como el de “Mentiras y gordas” te cualifica para un puesto en el gobierno.
En mi opinión, el problema no está sólo en el gobierno, sino en ese ente oscuro llamado SGAE, con personajes como Eduardo “Teddy” Bautista García o José Ramón Julio Martínez Márquez, alias “Ramoncín: el rey del pollo frito” a la cabeza, capaces de comparar a los piratas de la red con los de Somalia. Esta empresa (porque, no nos engañemos, eso es lo que son) defiende a capa y espada un modelo de negocio que quedó obsoleto hace años y, en vez de adaptarse a los tiempos y crecer con ellos, se aferran a sus derechos y los enarbolan igual que hace 500 años hacían los inquisidores con los símbolos del cristianismo. De seguir así, el gremio de carreteros reclamará a los fabricantes de coches una compensación económica.
Señores, basta ya. Los derechos de autor no son más importantes que los de seguridad, privacidad o de tutela judicial. La forma de evitar la piratería no es cerrar la red, y menos de esta manera, al igual que no se puede cerrar alegremente un bar si se sospecha que dentro se vende alcohol de garrafón: tiene que actuar LA LEY (policía y jueces), no una subcomisión de expertos. Los artistas, cara visible de las discográficas, tienen que aprender a convivir con la realidad. Loquillo, ya no estamos en los 80. Artistas como Russian Red o Vetusta Morla viven hoy gracias precisamente a la circulación de su obra por la red. Si no sabemos cual es el problema REAL y cuales son los métodos al alcance de las autoridades para mitigarlos, no es nuestro problema: es el suyo. Y desde luego, no pueden pasar por encima de nuestros derechos (a la libertad de expresión o a la intimidad entre otros) como y cuando les venga en gana estos supuestos “expertos” que velan sólo y exclusivamente por los intereses de SUS afiliados. Las leyes están para cumplirlas, en eso estamos todos de acuerdo, pero también hay que cumplir con una serie de mecanismos y garantías que nos protegen a todos o volveremos a la ley de la selva.
Y esto es lo que me saca de mis casillas. Bueno, también Microsoft Europa, pero eso lo explicaré otro día. Ah, y las cenas de Navidad con la empresa, que siempre acabas con el jefe borracho contándote sus penas.
P.D: Para los interesados, el manifiesto contra el proyecto de ley está disponible en multitud de páginas, blogs y ediciones digitales de periódicos. Pero por si acaso cierran Google, aquí os dejo un enlace a “Vidaextra” donde lo publican:
P.D 2: Son las 22:45 del 3 de diciembre. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hace pocas horas que el proyecto de ley será modificado y que sólo serán los jueces, ejecutando una sentencia o como medida preventiva, los que tengan la potestad de cerrar o bloquear una página web. Esto ya si que es de chiste. En menos de 48 horas el presidente desautoriza directamente a una ministra designada por él hace menos de un año. Patético.
3 December 2009 15:58 
